Los decanos y directores de las facultades y escuelas de la Universidad de Cádiz manifiestan su radical oposición a las medidas recogidas en el Real Decreto-Ley 14/2012 sobre dedicación del profesorado y precios públicos por servicios académicos universitarios.

Este rechazo frontal parte en primer término del propio procedimiento de elaboración del RD donde, en ningún momento, se ha contado con la opinión y experiencia de las universidades, máxime considerando las graves consecuencias que la aplicación del RD ocasionará en el funcionamiento y resultados del sistema universitario y el retroceso que provocará en el desarrollo del conocimiento científico, tecnológico y social de nuestro país, al vulnerar sustancialmente el modelo de universidad actualmente vigente y la concepción de universidad pública.

Consideramos que la difusión sesgada de informaciones en cuanto a dedicación docente del profesorado universitario, incidiendo en el concepto de horas lectivas que imparte el profesor, da una visión a la sociedad que, en ningún caso, se corresponde con la realidad del trabajo y dedicación real que al profesorado le supone esa carga lectiva presencial en el aula e implica un profundo desconocimiento de la labor docente universitaria. De igual forma restringir la cualificación de la investigación a la posesión de sexenios, que son de carácter voluntario y creados exclusivamente como complemento económico, nos parece una visión parcial y errónea de la labor investigadora realizada por los profesionales de las Universidades públicas. Incluso aunque las medidas propuestas para la evaluación de la investigación fuesen adecuadas, se están excluyendo otras áreas susceptibles de evaluación como la gestión y la propia calidad de la actividad docente como criterios de asignación de horas lectivas al profesorado, desincentivando por lo tanto una actividad de calidad en estos dos últimos aspectos.

La aplicación de las citadas medidas incidirá en aspectos fundamentales de las Universidades y, lo que es aún más grave, revertirá negativamente en el avance económico y social de los territorios donde se ubiquen, especialmente en aquellas regiones económicas más desfavorecidas.

Las consecuencias directas que la aplicación del RD va a tener sobre el sistema público de universidades son:

– La pérdida de autonomía universitaria, principio básico de funcionamiento de las Universidades públicas que nada tiene que ver con la garantía de una eficaz gestión de las mismas.

– La subida de las tasas universitarias, sin una adecuada correspondencia en el sistema de becas, implicará una involución de los avances sociales logrados para el alumnado de las universidades públicas, agudizando las desigualdades sociales. El modelo de universidad pública debe primar la igualdad de oportunidades en el acceso del alumnado a la educación superior, no debiéndose condicionar éste por la capacidad económica de las familias.

– El incremento en la dedicación docente del profesorado supone una reducción drástica de plantilla encubierta, dado que no se renovarán contratos a personal que actualmente trabaja en el sector educativo.

– El incremento en la dedicación docente del profesor hace insostenible mantener siquiera las labores tanto de gestión como de investigación, cuanto menos avanzar en la calidad de dicha investigación. La aplicación de las medidas propuestas en cuanto a la carga lectiva de los profesores implicará un retroceso en los niveles de investigación de las universidades españolas, máxime en los jóvenes investigadores cuyo potencial se verá mermado al incrementarse la dedicación a la labor docente en sus primeros años de incorporación a la Universidad donde debieran, precisamente, contar con mayor disponibilidad para su formación y consolidación como investigadores.

– La aplicación lineal de estas medidas a las distintas áreas de conocimiento de las Universidades Públicas creará o incrementará las diferencias entre el profesorado, que no puede medirse por idénticos parámetros, máxime cuando la evaluación del profesorado ha sido siempre de carácter voluntario y se torna ahora factor discriminatorio para quien ha optado por no solicitarla.

– El supuesto gasto que conlleva el mantenimiento de un sistema de universidad pública debe entenderse como lo que es, una inversión que garantizará el crecimiento económico del país donde se asienta. La aplicación de las medidas recogidas en el RD implicará retrocesos tanto en la formación universitaria de los alumnos y su capacitación para el desarrollo cualificado de su profesión como una reducción del desarrollo tecnológico derivado de la transferencia de resultados de la investigación realizada en los centros universitarios al tejido productivo, como sustento del desarrollo económico.

En consecuencia, los decanos y directores de las facultades y escuelas de la Universidad de Cádiz, manifiestan su rechazo frontal al Real Decreto-Ley 14/2012 y exigen su derogación y apoyarán todas aquellas medidas que desde nuestra universidad se tomen para la consecución de esta exigencia.